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Senado tratará este jueves la "Ley de Góndolas", que busca ampliar ofertas de productos

El Senado bonaerense tratará este jueves la "Ley de Góndolas", una propuesta del Ejecutivo bonaerense que busca evitar la cartelización de productos en grandes supermercados y cadenas de distribución, e impone sanciones de clausura y multas de hasta $ 50 millones para quienes no cumplan.

La iniciativa, girada hace un mes por el Gobierno, sería aprobada mañana por la mayoría de Cambiemos. La norma establece que las cadenas de supermercados deberán acordar un "código de buenas prácticas" con sus proveedores, a fin de garantizar la oferta de al menos cuatro marcas de un mismo producto, dispuestas de forma tal que ninguna de ellas tenga una ventaja competitiva sobre las otras. También incluye productos Pymes y cooperativas.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas de alivio económico anunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno nacional en abril, tras el récord de inflación de marzo anunciado ese mes.

El proyecto cuenta con el aval de las comisiones de Legislación General y Comercio Interior, ambas presididas por Cambiemos. Allí la iniciativa fue modificada a instancias de la oposición para que sean incorporados a las góndolas productos de cooperativas.

El proyecto obliga a los comercios alcanzados a disponer que en sus góndolas "el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas no supere el 30% del espacio, dentro de la misma categoría de producto". De este modo, se busca garantizar que haya al menos cuatro marcas diferentes para cada producto, ampliando la oferta de precios y calidad.

Por otro lado, la iniciativa dispone que la ubicación de la mercadería "deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal, durante el mismo tiempo".

El cumplimiento de estas medidas será controlado por el ministerio de Producción bonaerense, que tendrá la obligación de denunciar cualquier incumplimiento a la autoridad nacional de defensa de la competencia y tendrá la potestad de aplicar fuertes sanciones, que van desde multas de $ 10 mil a $ 50 millones hasta la clausura por 30 días y la suspensión de hasta 5 años de los registros de proveedores del Estado. También podrá disponer el decomiso de las mercaderías y aplicar la quita de "concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare".

HCD

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